Las principales alegaciones realizadas se refieren, entre otras, a que el copago de los usuarios no exceda el 70% del coste del servicio, ya que en la actualidad puede llegar hasta el 90%, lo que desde el CERMI CV consideran “inasumible”; a la necesidad de aumentar el llamado “dinero de bolsillo” en base al IPREM, respetando criterios de equidad para no constituir un indicio de confiscatoriedad; y a que se equipare la situación de quienes acceden a estos servicios por cuestiones de situación de dependencia y la de aquellos que acceden bajo otras circunstancias, lo cual supondría, según la plataforma de la discapacidad “una distinción artificiosa y un ataque frontal a derechos fundamentales y libertades públicas consagrados por la Constitución española y el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social”.

 

Asimismo, reclaman la desaparición del copago en 14 pagas, exigen que la renta tenida en cuenta para el cálculo sea la del contribuyente y no la de la unidad familiar, se oponen a que los centros sean los recaudadores de este copago y exigen que los datos obtenidos para calcular esta aportación sean totalmente transparentes para el usuario. Finalmente, las entidades son contrarias a la irretroactividad de los efectos favorables que las modificaciones pretendidas pudieran tener en algunos usuarios.

 

Por otro lado, se valora de manera positiva la desaparición del texto normativo de la incompatibilidad entre percepción simultánea de la presentación por desempleo y la prestación económica por cuidador no profesional. No obstante, las entidades de la discapacidad consideran que el texto recoge iniciativas que pueden disuadir a las personas y familias del ejercicio de sus derechos legalmente reconocidos para convertirse en cuidador no profesional.